El presidente Trump advirtió que retirará 1.000 millones más en fondos federales a Harvard por rechazar sus demandas de reforma.
Trump busca alinear universidades con su agenda política
Donald Trump ha elevado su confrontación con la Universidad de Harvard al amenazar con retirar 1.000 millones de dólares adicionales en fondos federales destinados a investigación en salud, según informó el Wall Street Journal el 20 de abril de 2025. Esta advertencia se suma a una congelación anterior de 2.300 millones de dólares, anunciada el 14 de abril, tras el rechazo de Harvard a implementar reformas exigidas por el gobierno, que acusa a la universidad de permitir actos de antisemitismo durante manifestaciones propalestinas.
Un comunicado emitido el 11 de abril por el Departamento de Educación, en conjunto con otras agencias federales, planteó exigencias que incluían reformas en gobernanza, admisiones y políticas de contratación. Las demandas consistían en eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión, aplicar criterios de mérito en admisiones y empleo, prohibir el uso de máscaras faciales en manifestaciones y reportar a estudiantes internacionales que infrinjan reglas. Harvard publicó la carta y rechazó públicamente los términos.
Datos clave sobre los fondos federales y exigencias del gobierno
- El gobierno de Trump congeló 2.200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos a Harvard el 14 de abril.
- Harvard posee un fondo patrimonial de 53.000 millones de dólares.
- Columbia, Cornell y Penn también enfrentan recortes federales.
- El gobierno exige eliminar políticas DEI y controlar las expresiones estudiantiles.
- Trump creó una fuerza de tarea para combatir el antisemitismo en universidades.
Horas después de que el presidente interino de Harvard, Alan Garber, declarara que no cederían a presiones gubernamentales que calificó de inconstitucionales, la Casa Blanca congeló los fondos. El 15 de abril, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, exigió disculpas por la supuesta permisividad hacia el antisemitismo y amenazó con eliminar el estatus fiscal exento de Harvard.
La decisión de aumentar el recorte de fondos surgió, según fuentes del Wall Street Journal, al percibir que Harvard no tenía disposición para negociar. La administración inicialmente había considerado tratar a Harvard con mayor indulgencia que a otras universidades como Columbia, que sí accedió a implementar algunos cambios.
Desde Harvard se argumentó que las exigencias del gobierno violan la Primera Enmienda y exceden los límites del Título VI de la Ley de Derechos Civiles. En una carta del 14 de abril, Garber defendió las acciones que ha tomado la universidad para combatir el antisemitismo y aseguró que los recortes amenazan la autonomía académica y perjudican investigaciones vitales en medicina, ingeniería y ciencia.
Este conflicto no es aislado. En marzo, la administración Trump suspendió 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia por protestas similares. A diferencia de Harvard, Columbia aceptó algunas exigencias, lo que abrió la posibilidad de recuperar los fondos. Sin embargo, la decisión provocó controversia y llevó a la renuncia de su presidenta interina, Katrina Armstrong.
Protestas de 2024 con incitación anti-Israel
Las acciones federales se enmarcan en la reacción a las protestas universitarias tras la guerra entre Israel y Hamás iniciado en octubre de 2023. Manifestaciones en campus como Harvard y Columbia derivaron en acusaciones de antisemitismo. En respuesta, el gobierno implementó una orden ejecutiva el 30 de enero de 2025 para crear una fuerza de tarea contra el antisemitismo, dirigida por Leo Terrell desde el Departamento de Justicia, que revisa más de 9.000 millones de dólares en fondos federales.
En paralelo, el gobierno ha deportado a estudiantes internacionales vinculados a protestas y ha iniciado investigaciones en más de 60 instituciones por posibles violaciones de derechos civiles. Según Reuters, la revisión incluye 8.700 millones de dólares en compromisos plurianuales para Harvard.
Varios sectores han respaldado la postura de Harvard. El 12 de abril, manifestantes se reunieron en Cambridge para mostrar su apoyo. Un grupo de exalumnos, liderado por Anurima Bhargava, pidió enfrentar legalmente las exigencias del gobierno. La Asociación Americana de Profesores Universitarios presentó una demanda el 11 de abril solicitando una orden judicial contra las sanciones.
El expresidente Barack Obama también expresó respaldo a Harvard el 14 de abril en redes sociales, donde calificó de ilegal el intento del gobierno de limitar la libertad académica.
La administración Trump defiende sus medidas
Funcionarios de la Casa Blanca han defendido la política de recortes. La secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró el 15 de abril en Newsmax que los contribuyentes no desean financiar instituciones que, a su juicio, toleran el antisemitismo. Por su parte, Harrison Fields, portavoz presidencial, aseguró que el objetivo es impedir que fondos federales respalden discriminación o violencia racial.
Críticos como el profesor Ethan Ris, de la Universidad de Nevada, argumentan que las medidas son motivadas políticamente y carecen de evidencias concretas de violaciones, según The Washington Post.
En el aspecto financiero, los impactos son significativos. En 2024, Harvard recibió 686 millones en fondos federales, su principal fuente de apoyo para investigación, informó CBS Boston. Las congelaciones y amenazas podrían frenar estudios en áreas como cáncer y enfermedades cardiovasculares.
La amenaza de eliminar el estatus de exención fiscal, solicitada al abogado principal del Servicio de Impuestos Internos, también ha generado inquietudes. Expertos citados por The Washington Post aseguran que no hay pruebas de que Harvard haya infringido leyes tributarias.
Confianza en universidades y presión sobre la educación superior
Este conflicto refleja un entorno político en el que ha disminuido la confianza pública en la educación superior, especialmente entre votantes republicanos, según una encuesta de Gallup de 2024. Durante su campaña, Trump prometió castigar a instituciones que permitieran protestas consideradas ilegales.
La fuerza de tarea federal anunció visitas a otras universidades como Johns Hopkins y UCLA, lo que anticipa una continuidad en la presión hacia el sector académico. Mientras tanto, Harvard enfrenta una disputa legal y financiera sin precedentes, observada de cerca por otras universidades afectadas por medidas similares.