El Estado de Israel presentó su respuesta al Tribunal Superior de Justicia con más de dos meses de retraso, tras una petición que exigía un suministro amplio de ayuda humanitaria a Gaza. En el documento, el Estado atribuyó la responsabilidad a las agencias de la ONU, alegando que no han logrado distribuir adecuadamente los suministros dentro del enclave.
En su exposición, el Estado afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel han facilitado la entrada de ayuda humanitaria en días recientes, mediante esfuerzos coordinados y la búsqueda de mecanismos alternativos para garantizar su recolección y distribución dentro del territorio gazatí.
El documento también solicitó al tribunal postergar una posible audiencia durante al menos tres semanas, proponiendo en su lugar una actualización futura sobre la situación, lo que indica que las autoridades no consideran necesario que el caso avance en esta etapa.
La presentación coincidió con la primera operación aérea de lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza desde el inicio de la guerra contra Hamás. Las FDI informaron que implementarán pausas diarias de diez horas en sus operaciones militares para permitir la distribución de los suministros.
Estos anuncios se produjeron en el contexto de un deterioro severo de la situación humanitaria, con reportes que confirman un aumento significativo en los casos de desnutrición aguda infantil y muertes de menores por inanición en la Franja de Gaza.
Gisha, organización de derechos humanos promotora de la petición, acusó al Estado de presentar un panorama incompleto de los hechos y de intentar evitar responsabilidades legales vinculadas a su política de obstrucción en el ingreso de ayuda. También responsabilizó al tribunal por haber permitido los retrasos procesales, y señaló al juez Yosef Elron por haber tolerado la demora estatal de más de dos meses.
La ONU rechazó las acusaciones formuladas por el Estado en su respuesta, alegando que las autoridades israelíes han bloqueado una parte considerable de las solicitudes logísticas para el traslado de suministros. También mencionó que los obstáculos administrativos, logísticos y las hostilidades en curso han dificultado la entrega efectiva de la ayuda dentro del enclave.
Entre el 19 de mayo y el 24 de julio, el Estado registró la descarga de 4.242 camiones de ayuda humanitaria en el cruce de Kerem Shalom, ubicado al sur de la Franja. Otros 2.086 camiones se destinaron a centros operados por la Fundación Humanitaria de Gaza, de los cuales solo 1.890 fueron recogidos.
Según el Estado, aún existen deficiencias logísticas, especialmente por la recolección parcial de los suministros en el lado gazatí de la frontera, que atribuyó a las agencias de la ONU. Añadió que las FDI coordinan con entidades internacionales para facilitar el ingreso y circulación interna de la ayuda dentro del enclave.
En relación con los reportes que acusan a soldados israelíes de haber disparado contra palestinos que se aproximaban a los cargamentos humanitarios del GHF, el Estado declaró que los hechos se encuentran bajo revisión por las autoridades militares correspondientes. Señaló además que la información ha sido transmitida a altos mandos como parte de un proceso de evaluación operacional para ajustar la conducta de las tropas y mitigar el contacto con civiles.
La ONU ha informado que hasta 1.000 palestinos han muerto en el intento de acceder a los paquetes de ayuda. Las FDI han puesto en duda esa cifra, aunque no han emitido una estimación alternativa.
Gisha reiteró su acusación contra el Estado por intentar eludir sus responsabilidades internacionales. Alegó que el documento oficial encubre la magnitud del fracaso del GHF y la muerte de cientos de palestinos que buscaron obtener los suministros. Añadió que el Estado intenta responsabilizar a organizaciones internacionales y evade su obligación de garantizar el acceso seguro y sin restricciones a la ayuda humanitaria en la Franja.
La organización exigió al Tribunal Superior que ordene la apertura total de los cruces fronterizos y que Israel permita las operaciones plenas de la ONU y otras entidades humanitarias en todo el enclave.