El mes pasado, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aprobó una orden que restringe el discurso en las redes sociales y los sitios de noticias palestinos, y según sus críticos, permite encarcelar a cualquier persona por razones de “unidad nacional” o “estructura social”.
La orden, que opera bajo la Ley de Crimen Electrónico Palestina, prescribe penas de entre un año y cadena perpetua para quienes la violan. Los grupos árabes de derechos humanos dicen que el decreto, aprobado sin debate público y formulado vagamente, es el paso más significativo adoptado por la Autoridad Palestina para restringir la libertad de expresión en áreas bajo control de las AP.
Un alto funcionario de la oficina general de Ramallah, citada en Haaretz, dijo que la ley es necesaria para combatir los delitos electrónicos como los ataques de hackers y las calumnias en Internet. Negó que el propósito de la orden fuera abusar de los opositores de Abbas, diciendo que los problemas con la ley existente “permitieron a los ciberdelincuentes evadir el castigo”. “Puedes criticar al presidente y a sus políticas, pero no puedes acusar al presidente o a nadie más de traición o ridiculizarlo en una ilustración”.
De acuerdo con el Palestinian Media Center, el gobierno de la Autoridad Palestina en Ramallah bloqueó 30 sitios web el mes pasado basado en la orden. La mayoría de los sitios están relacionados con los dos principales rivales de Abbas: Mahmoud Dahlan y Hamás. Algunos de los sitios pertenecen a grupos islámicos en Irak y Siria. Además, la inteligencia de la Autoridad Palestina en Ramallah arrestó a cinco periodistas la semana pasada y los acusó de violar la ley. Según la fiscalía de Autoridad Palestina, los cinco sospechosos de “filtrar información a elementos hostiles”, sin mencionar los elementos hostiles involucrados. Los periodistas detenidos trabajan en canales afiliados a Hamás, como Al-Aqsa y Al-Quds, y emiten desde Hebrón, Belén y Siquem (Naplusa).
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El director de la organización de derechos humanos de Al-Haq, Sha’wan Jabarin, dijo a Haaretz que la orden utiliza un lenguaje vago y general, como mantener el “orden público”, “poner en peligro la seguridad nacional”, “perjudicar la unidad nacional y perjudicar el tejido social”, permitiendo a los aparatos de seguridad y al fiscal general detener y procesar a periodistas, activistas sociales y bloggers, y bloquear sitios web que critican a la Autoridad Palestina y a su líder.