El dolor económico que está causando a muchos países el precio todavía elevado del crudo (y del gas) puede verse agravado por otra amplia serie de bloqueos de instalaciones petrolíferas clave en Libia.
Esto se produce tras el reciente intento fallido de Fathi Bashagha -nombrado primer ministro del “gobierno alternativo” en el este del país hace tres meses- de hacerse con el poder en Trípoli. Bashagha, y la milicia de la Brigada Nawasi que le acompañaba, fueron finalmente expulsados de la ciudad por otras de las muchas facciones que luchan allí. Esto ocurrió en medio de la actual negativa del primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), Abdul Hamid Dbeibah -nombrado a través de un proceso liderado por las Naciones Unidas (ONU) en 2021- a entregar el poder hasta que el pueblo de Libia vote un gobierno debidamente elegido.
Es poco probable que Bashagha, que ha protagonizado tres intentos de golpe de Estado de este tipo en tres meses, detenga sus actuales intentos de hacerse con el poder. Porque la clara posibilidad de que las conversaciones celebradas en Egipto a instancias de la enviada de la ONU, Stephanie Williams, para llegar a un acuerdo sobre un nuevo marco constitucional y un calendario para las elecciones le dejen de lado. Aunque Bashagha consiga ser apartado de cualquier base legal o cuasi legal de poder y acepte la decisión, las líneas de fractura que atraviesan Libia, y que impregnan su sector petrolero, son demasiado profundas y amplias como para desaparecer con él.
Desde la destitución de su antiguo líder, Muammar Gaddafi, en 2011, como analizo en profundidad en mi nuevo libro sobre los mercados mundiales del petróleo, el conflicto civil multifaccional continuó. Y solo encontró un verdadero alivio en el acuerdo de septiembre de 2020 firmado entre Khalifa Haftar, el comandante del Ejército Nacional Libio (LNA) rebelde, y elementos del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Trípoli, reconocido por la ONU. Sin embargo, ya entonces, una parte clave de este acuerdo era un acuerdo de principio para estudiar la creación de una comisión. Esta, no solamente para determinar cómo se distribuyen los ingresos del petróleo en toda Libia, sino también para estudiar la aplicación de una serie de medidas destinadas a estabilizar la peligrosa situación financiera del país. Justo antes del acuerdo de septiembre de 2020, se había producido otra serie de bloqueos petroleros de larga duración que habían costado al país unos 9.800 millones de dólares en pérdidas de ingresos por hidrocarburos.
Tanto antes de este acuerdo de 2020 como después de su ruptura, el sector petrolero libio ha estado sometido a diversos bloqueos de sus principales instalaciones petrolíferas, e incluso ahora alrededor de la mitad o algo más de la producción de petróleo de Libia está fuera de servicio, según diversas estimaciones. Anteriormente, después de que la Compañía Nacional de Petróleo (NOC) declarara el estado legal de “fuerza mayor” por la “imposibilidad de cumplir sus compromisos con el mercado del petróleo”, la producción de crudo libio había sufrido una pérdida prolongada de unos 550.000 bpd de su producción de petróleo. Lo cual sucedió como consecuencia de los bloqueos de los principales yacimientos y terminales de exportación. Entre ellos se encuentra el cierre del puerto de Zueitina, cuya carga de crudo es de una media de 90.000 bpd, y también se ha detenido la producción en Abuatufol, Al-Intisar, Anakhla y Nafura. Justo antes, se cerró el yacimiento de Sharara, en el oeste del país, que puede bombear unos 300.000 bpd, y justo antes se cerró el yacimiento de El Feel, que produce 70.000 bpd, así como la explotación de Brega, de 60.000 bpd. Estos yacimientos son proveedores clave de crudo ligero y dulce de alta calidad, entre los que destacan los crudos de exportación Es Sider y Sharara.
Es fácil olvidar que, antes de la destitución de Gadafi en 2011, Libia había sido capaz de producir fácilmente alrededor de 1,65 millones de bpd de crudo ligero y dulce de alta calidad. Además, la producción había seguido una trayectoria ascendente, desde unos 1,4 millones de bpd en 2000, aunque muy por debajo de los niveles máximos de más de 3 millones de bpd alcanzados a finales de la década de 1960. Dicho esto, la NOC tenía planes antes de 2011 para poner en marcha técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR) para aumentar la producción de crudo en los yacimientos maduros. Incluso hasta el final de los últimos grandes bloqueos de producción de sus campos occidentales y puertos orientales, Libia había estado produciendo alrededor de 1,2 millones de bpd. A partir de ese nivel, parecía que todavía había margen para aumentar la producción hasta los 2,1 millones de bpd previstos por el Ministerio de Petróleo de Libia, y para alcanzar los objetivos provisionales informales de 1,45 millones de bpd para finales de 2022, y de 1,6 millones de bpd para finales de 2023. Conviene recordar en este punto que Libia sigue teniendo unos 48.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, las mayores de África.
Dado este potencial, existía, y hasta cierto punto sigue existiendo, la perspectiva de una importante participación internacional en el sector petrolero de Libia. A principios de este año, el Ministerio del Petróleo comenzó a discutir las opciones de exploración y desarrollo con varias compañías petroleras internacionales, y se llegó a una especie de acuerdo con TotalEnergies. La empresa francesa se comprometió a continuar con sus esfuerzos para aumentar la producción de petróleo de los gigantescos yacimientos de Waha, Sharara, Mabruk y Al Jurf en al menos 175.000 bpd. También, a dar prioridad al desarrollo de los yacimientos de Gialo Norte y NC-98 de la concesión de Waha, según la NOC. Las concesiones de Waha —en las que TotalEnergies tomó una participación minoritaria en 2019— tienen capacidad para producir al menos 350.000 bpd en conjunto, según la NOC. El segundo acuerdo fue la aprobación por parte del Gobierno de Libia de la venta de la participación del 8,16 % en las gigantescas concesiones petrolíferas de Waha, en manos de la empresa estadounidense Hess Corporation, al resto de las partes interesadas: de nuevo, TotalEnergies (con una participación del 16,3 %), y también ConocoPhillips (también con un 16,3 %), a cada una de las cuales se les ofreció el primer rechazo de la mitad de la participación de Hess.
Sin embargo, en el centro de las perspectivas de producción de crudo de Libia a corto, medio y largo plazo, y de nuevo reiterado entre bastidores en las recientes conversaciones de El Cairo por parte de Estados Unidos, hubo un concenso. Que debe haber un verdadero progreso en la cuestión de la distribución justa de los ingresos del petróleo. Esta promesa había apuntalado con éxito el acuerdo de 2020 durante más tiempo del que nadie esperaba. Según una fuente jurídica con sede en Washington con la que habló Oil Price en el momento del acuerdo de septiembre de 2020 y que reiteró recientemente, la NOC había estado trabajando en lograr una serie de acuerdos. En sus términos, los denominó “acuerdos bancarios alternativos para los ingresos del petróleo que pueden o no implicar la aportación en la dispersión final de más actores”. Parte de este proceso sería la creación de comités técnicos con representantes de todas las partes del conflicto civil. Estos comités separados se ocuparían de las adjudicaciones de los yacimientos, junto con el ministerio de petróleo y gas, y de la distribución de los ingresos del petróleo y el gas, junto con el ministerio y el Banco Central de Libia (en el que se encuentran físicamente los ingresos).
Hasta ahora, ni el GNA ni el Banco Central de Libia han aceptado pública e inequívocamente sus principios fundamentales. De hecho, durante la última gran serie de bloqueos de la infraestructura petrolera de Libia, el embajador de Estados Unidos en Libia, Richard Norland, instó al banco central del país a salvaguardar los ingresos del petróleo de la malversación.