El 16 de julio de 2020, la Armada ecuatoriana detectó una flota de aproximadamente 250 buques pesqueros de bandera china justo fuera de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos. La flota continuó operando durante varias semanas y, durante períodos de más de ocho horas, los barcos apagaron sus sistemas de localización legalmente requeridos. Naturalmente, diferentes actores de la región levantaron sospechas sobre estas actividades aparentemente ilegales. No era la primera vez que los Estados sudamericanos se enfrentaban a casos alarmantes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en sus costas.
Sin embargo, lo ocurrido en las Galápagos fue especialmente preocupante y actuó como chispa para la comunidad internacional. Las islas son un territorio único considerado Patrimonio de la Humanidad por la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Y lo que es más importante, es probable que la intensificación de la competencia entre Estados Unidos y China también esté desempeñando un papel fundamental en la creciente consideración de la pesca INDNR como una amenaza para la seguridad nacional de la región. Poco después del incidente en las Galápagos, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) expresó su firme apoyo a los esfuerzos ecuatorianos contra la pesca ilegal. Dos semanas después, el entonces Secretario de Estado Mike Pompeo criticó al gobierno chino y le exigió que aplicara una política transparente de tolerancia cero con la pesca ilegal.
Desde entonces, diferentes actores regionales se han centrado cada vez más en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Además, Estados Unidos apoyó iniciativas específicas destinadas a reforzar las capacidades de patrullaje de los gobiernos nacionales. Tradicionalmente, la pesca INDNR se discutía como un problema económico y medioambiental; ahora, también se está enmarcando como una amenaza a la seguridad irregular. Entonces, ¿es la pesca INDNR una amenaza para la seguridad nacional en Sudamérica? Si es así, ¿se debe responsabilizar a la República Popular China (RPC)? ¿O está Estados Unidos exagerando el problema para contrarrestar a China?
La industria pesquera es una actividad económica vasta y creciente. Mientras que en 1920 capturaba y producía apenas más de 20 millones de toneladas, en 2018 la cifra ha crecido hasta los 180 millones. En consecuencia, la pesca INDNR, la contraparte ilícita de la industria pesquera, también está creciendo. Se calcula que genera entre 10.500 y 36.400 millones de dólares y representa aproximadamente entre el 14 y el 33% del total de las capturas de pescado. Mientras que las empresas respetuosas de la ley cumplen con numerosas normas que garantizan la sostenibilidad, los derechos de los trabajadores y la competencia leal, los buques que practican la pesca INDNR no lo hacen. Como su nombre indica, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada actúa en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
En virtud de la Convención, las naciones son responsables de seguir la pista a sus barcos y de asegurarse de que cumplen las leyes nacionales e internacionales. Aunque las flotas de aguas distantes (DWF) no operen bajo las órdenes directas de sus naciones, sus respectivos gobiernos son legalmente responsables de sus acciones. La convención, conocida como la “Constitución del Mar”, establece la jurisdicción de las naciones soberanas sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que se extienden hasta 200 millas desde tierra firme. Dentro de ese territorio, solo el respectivo Estado soberano puede gestionar y explotar legítimamente los recursos naturales a través de empresas locales o concediendo licencias a agentes extranjeros. La pesca INDNR suele tener lugar justo en la frontera de la ZEE. Los buques operan permaneciendo en aguas internacionales y, en ocasiones, penetrando en la ZEE, violando la soberanía del país.
Tradicionalmente, los actores nacionales e internacionales hacían hincapié en las amenazas económicas de la pesca INDNR. Sin embargo, los Estados y las ONG empiezan a preocuparse por otros aspectos de este fenómeno. Los observadores de la pesca INDNR no solo se preocupan por la pérdida de ingresos, sino también por los daños al ecosistema, los medios de subsistencia de los pescadores locales y las violaciones de los derechos humanos.
Además, la reciente afirmación de que la pesca INDNR es una amenaza para la seguridad nacional es probablemente el aspecto más relevante de esta cuestión. La pesca INDNR amenaza la seguridad nacional al estar directamente relacionada con el tráfico de especies silvestres, narcóticos y personas. Además, crea un terreno más fértil para el crimen organizado al afectar a las economías locales y a la seguridad alimentaria. Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011 presentó conclusiones inquietantes. En primer lugar, las flotas de aguas lejanas a menudo dependen del trabajo forzado. Y lo que es más importante, el estudio descubrió que los buques pesqueros se utilizan como barcos nodriza para el contrabando de drogas y armas.
Los guardacostas estadounidenses afirman ahora que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha sustituido a la piratería como la principal amenaza para la seguridad marítima mundial”. Aunque los guardacostas reconocen que Taiwán, Japón, Corea del Sur y España son importantes responsables de la pesca INDNR, su Perspectiva Estratégica 2020 dedica una sección específica a abordar “las preocupaciones por las prácticas pesqueras de China”.
El artículo afirma que sus flotas de aguas lejanas, junto con la Milicia Marítima de las Fuerzas Armadas Populares, llevan a cabo un comportamiento agresivo en alta mar “en apoyo de los objetivos estratégicos marítimos a largo plazo del Partido Comunista Chino”. Además, exige que China controle sus buques que violan el orden internacional basado en normas.
En consecuencia, no fue una sorpresa cuando en enero de 2021, el USSOUTHCOM y la Guardia Costera de Estados Unidos lanzaron la Operación Cruz del Sur. Aunque los países de la región habían intentado coordinar respuestas contra la pesca INDNR mediante acciones como los acuerdos de regulación portuaria, la operación conjunta era una novedad. Por primera vez en la historia reciente, un buque de la Guardia Costera participó en ejercicios de cooperación en el Atlántico Sur contra la pesca INDNR. El plan original incluía la visita del USCG Cutter Stone a Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina.
A pesar del plan inicial, la Operación Cruz del Sur se convirtió en un ejemplo perfecto de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos en Sudamérica cuando la Guardia Costera tuvo que cancelar su visita a Argentina. La explicación oficial del gobierno estadounidense fue que problemas técnicos relacionados con la profundidad del agua frente a la costa de la ciudad de Mar del Plata no permitieron que el buque entrara en el puerto. Sin embargo, las informaciones de los medios de comunicación argentinos señalaron que el motivo de este cambio de planes era que el gobierno de Fernández-Kirchner, que tiene una relación muy estrecha con Pekín, quería evitar tensiones con China. La relevancia de esta polémica se hizo evidente cuando el ex presidente Mauricio Macri criticó la decisión y la asociación de la industria camaronera local habló de “relaciones carnales” entre el Gobierno y China.
Aunque la Operación Cruz del Sur terminó en marzo de 2021, no será la última de este tipo. El almirante Craig S. Faller, comandante del USSOUTHCOM, declaró que la pesca INDNR es una de las “tres principales, si no la principal” preocupación de seguridad de los países de la región y que aprovechará el impulso en torno a la pesca INDNR para impulsar acciones concretas.
La creciente preocupación mundial por la pesca INDNR está justificada. Sin embargo, ¿está la RPCh amenazando la seguridad nacional en Sudamérica a través de su flota de aguas lejanas como sugiere el USSOUTHCOM? Un examen más detallado de los datos disponibles puede arrojar luz sobre esta cuestión.
En cuanto a la responsabilidad de China, es cierto que es el mayor responsable de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la mayor flota de altura del mundo. Según la mayoría de las estimaciones, cuenta con unos 3.000 barcos. Sin embargo, el Instituto de Desarrollo de Ultramar afirma que la cifra real es de 17.000. Aunque China es un actor indiscutible de la pesca INDNR, no es el único. Taiwán, Corea del Sur y Japón son también grandes actores, cada uno de los cuales representa al menos el 10% del total de la pesca INDNR. Aunque Estados Unidos menciona el papel de otros países que practican la pesca INDNR, hace hincapié de forma abrumadora en China, lo que sugiere que la competencia entre grandes potencias es un aspecto fundamental de la preocupación por esta cuestión.
Desde una perspectiva global, el índice de pesca INDNR recientemente elaborado es útil para comparar a Sudamérica con otras regiones del mundo. Este índice mide la vulnerabilidad de los países a la pesca INDNR y su capacidad para contrarrestarla. Al comparar las regiones, Asia y África son las más afectadas. América del Sur solo ocupa el quinto lugar. Esta información parece ser coherente con la idea de que, aunque la pesca INDNR en la región es preocupante, es pequeña en comparación con otras zonas.
Cuando se analizan las estrategias de defensa y seguridad nacional de los países costeros de Sudamérica, la pesca INDNR no destaca como una de las principales amenazas. Está notablemente ausente en la Estrategia de Seguridad Nacional 2019 de Argentina, así como en los Libros Blancos de Defensa de Chile y Perú, publicados en 2018 y 2006, respectivamente. No es sorprendente que la anomalía sea Ecuador, cuyo Libro Blanco de Defensa de 2018 menciona la pesca INDNR ocho veces. Sin embargo, es posible que las futuras estrategias de seguridad nacional hagan más hincapié en la pesca INDNR porque la preocupación regional aumentó tras el incidente de 2020 en las Galápagos.
No cabe duda de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un reto para la comunidad mundial. Sus peligros para el medio ambiente, las economías y la soberanía de los países son muy preocupantes. En Sudamérica, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada parece ser una preocupación creciente para los Estados, que están empezando a organizar respuestas regionales. Sin embargo, analizarlo fuera del contexto de la competencia de grandes potencias entre Estados Unidos y China sería incompleto. En una región históricamente conocida como “el patio trasero de Estados Unidos”, es evidente que el gobierno estadounidense ve la pesca INDNR como un asunto en el que debe contrarrestar a China y su importante influencia en la región.
Aunque Sudamérica todavía no es tan vulnerable a la pesca INDNR como otras regiones, probablemente debido a su distancia de Asia, eso podría cambiar en el futuro a medida que aumente la demanda mundial de pescado. De ser así, las iniciativas lideradas por Estados Unidos, como la Operación Cruz del Sur, podrían ser mucho más frecuentes.