Dependiendo de los prejuicios de cada uno, la administración Biden ha hecho mucho de una cosa o muy poco de otra. Un área en la que no ha hecho nada es en la protección de los intereses estadounidenses en el comercio con China. Aunque el presidente Joe Biden ha mantenido los cuestionables aranceles de Donald Trump, no ha movido un dedo para frenar el continuo robo de tecnología y propiedad intelectual estadounidense por parte de China. De hecho, la administración ha alentado de forma oblicua, aunque inadvertida, a China a continuar con estas prácticas.
Todas las naciones, y todas las empresas, intentan obtener los secretos comerciales y las ventajas tecnológicas de sus competidores. Por eso los gobiernos y los acuerdos internacionales hacen valer las patentes y los derechos de autor, así como las marcas comerciales reconocidas. Dado que Pekín ha ignorado en gran medida estas normas y leyes internacionales, las empresas han acudido a Washington en busca de ayuda en lugar de a los tribunales y organismos internacionales. Los esfuerzos de Washington en el pasado han fracasado a la hora de ofrecer esta protección, pero al menos las administraciones anteriores lo han intentado. La Casa Blanca de Biden ni siquiera puede hacer esa afirmación.
Pekín recurre a una serie de técnicas para recoger los frutos de la innovación estadounidense. La principal es la insistencia de China en que cualquier empresa estadounidense que opere en China tenga un socio chino al que deba transferir toda su tecnología y secretos comerciales. Aunque no es estrictamente ilegal, la insistencia de Pekín va en contra de las normas internacionales. Menos lícito es cómo las empresas chinas compran equipos estadounidenses de alta tecnología y, a pesar de las protecciones de las patentes, los reproducen para utilizarlos en China y en otros lugares fuera de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses se quejan de que las imitaciones de sus diseños aparecen con marcas chinas en todo el mundo.
El robo cibernético también es frecuente. Una larga lista de empresas estadounidenses ha documentado ciberataques por parte de agentes chinos, generalmente relacionados con el gobierno. La llamada Operación Aurora gestionó lo que los ejecutivos tecnológicos de Google describieron como un “ataque altamente sofisticado y dirigido a su infraestructura corporativa”, así como una invasión de las cuentas de Gmail de defensores chinos de los derechos humanos. Al menos treinta y cuatro empresas estadounidenses denunciaron ataques similares de la Operación Aurora, entre ellas Yahoo, Adobe, Northrup Grumman, Dow Chemical y McAfee. Otra operación, dirigida por el Ministerio de Seguridad del Estado de China y apodada Cloudhopper, comprometió a IBM y Hewlett Packard, entre otras, y a través de ellas a sus clientes, incluida la burocracia federal. La AFL-CIO sufrió otro ataque.
Pekín ha atraído a individuos en Estados Unidos para que realicen esfuerzos de espionaje más anticuados. La Oficina de Inmigración y Naturalización registra numerosos casos de chinos que viajan a Estados Unidos como estudiantes cuando en realidad tienen comisiones por el Ejército Popular de Liberación y se les ha encargado el espionaje de la investigación académica. El “Plan de los mil talentos” de China utiliza todo tipo de incentivos para inducir a las personas que trabajan en este país a entregar a Pekín las tecnologías de sus empleadores y otras piezas valiosas de propiedad intelectual, a veces incluso cuando estas personas trabajan con subvenciones del gobierno estadounidense, como ocurrió en el famoso caso del profesor de Harvard Charles Lieber.
Los documentos del FBI dejan claro que el conjunto de informes y denuncias que salen de las empresas no son ni inventados ni exagerados. El Departamento de Justicia ha declarado sin rodeos que alrededor del 80% de todos sus procesos de espionaje económico están relacionados con China. Hace solo unos meses, el director del FBI, Christopher Wray, reveló que su oficina tiene más de 2.000 casos abiertos de espionaje chino y que abre un nuevo caso cada 12 horas. “Simplemente no hay ningún país”, dijo Wray, “que presente una amenaza más amplia para nuestras ideas, nuestra innovación y nuestra seguridad económica que China”. Poniendo efectivamente una cifra al daño al que alude Wray, Michael Orlando, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC), estima que el robo de tecnología y otra propiedad intelectual por parte de China cuesta a las empresas estadounidenses un mínimo de 200.000 millones de dólares al año. Eso es sólo el valor de mercado de lo que se pierde. Si se añaden las pérdidas de ventas, la estimación del Centro se eleva a 600.000 millones de dólares al año.
Como ya se ha indicado, esta es una vieja historia. Todos los presidentes desde hace casi cuarenta años han respondido a las quejas de las empresas y han intentado que Pekín cambie sus costumbres. Ninguno ha tenido mucho éxito. Ronald Reagan hizo el primer intento en 1986. Puso sus esfuerzos para detener el robo chino de patentes y derechos de autor bajo los auspicios del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El fracaso fue tal que Bill Clinton tuvo que retomar el asunto en 1995. La falta de éxito de Clinton se tradujo en la necesidad de que George W. Bush volviera a tratar el asunto en 2006. Bush se alejó de la OMC para establecer lo que él y el presidente chino Hu Jintao llamaron el “Diálogo Económico Estratégico”. Cuando también fracasó para detener el robo y la intimidación chinos, Barack Obama tuvo que volver a tratar el asunto en 2015. Ese esfuerzo también fracasó. En parte debido a la continua intimidación y el robo por parte de China, Trump impuso polémicamente una amplia gama de aranceles a las importaciones chinas. En la llamada “Fase 1” del acuerdo subsiguiente entre Washington y Pekín, China prometió, entre otras cosas, agilizar los procedimientos para que los estadounidenses protegieran sus derechos de patente de las infracciones chinas.
Cuando Biden asumió su cargo, volvió a quedar claro que, a pesar del acuerdo de la Fase 1, China había seguido actuando como lo había hecho durante años. La Representante Comercial Adjunta de Estados Unidos (USTR), Sarah Bianchi, declaró sin rodeos que China no había cumplido las promesas que hizo en el acuerdo de la Fase 1. Y por ello, anunció que los aranceles de Trump seguirían en vigor.
Pero la administración no ha hecho nada más. Por el contrario, Bianchi, incluso cuando documentó el incumplimiento de las promesas de China, también dejó claro que el USTR y la Casa Blanca de Biden no tenían ningún deseo de “escalar”, un comentario que efectivamente dijo a Pekín que tenía poco de qué preocuparse. No aparecen nuevas iniciativas ni en las páginas web de la Casa Blanca ni en las del USTR, donde aparecerían si existieran. En otros aspectos, la administración ha aliviado la presión sobre Pekín. El Departamento de Justicia decidió cerrar su llamada “iniciativa China”, que pretendía combatir específicamente el espionaje y las ciberamenazas chinas. Más recientemente, la Casa Blanca ha planteado la idea de levantar los aranceles a los productos chinos. Esta acción pretende aliviar la inflación, pero también eliminaría cualquier presión sobre Pekín para que cumpla con las exigencias estadounidenses. Más revelador es cómo la Casa Blanca no hizo ningún comentario cuando un tribunal chino declaró recientemente, en claro desafío a las normas internacionales, que ninguna empresa china podía ser demandada por el robo de tecnología en ningún lugar del mundo.
Después de tantos años de fracaso bipartidista en este asunto, nunca fue realista esperar mucho de una nueva administración. Lo que resulta extraño, sin embargo, es cómo esta administración ni siquiera ha intentado aliviar esta carga para las empresas estadounidenses. Cuando lleguen nuevas pruebas de robo -quizá de algunos de los miles de casos a los que aludió el director Wray- el presidente podrá desviar la culpa señalando los fracasos de sus predecesores, pero al menos lo intentaron.