En la última década, Venezuela se ha convertido rápidamente en un centro de tecnologías cibernéticas rusas y chinas en el hemisferio occidental. En un esfuerzo por ampliar su control del poder, el régimen de Maduro en Caracas ha permitido que el país se convierta en un laboratorio de vigilancia digital y control social autoritario. Moscú y Pekín pueden así proyectar sus ambiciones globales en el hemisferio occidental enviando sus conocimientos e infraestructuras de ciberseguridad a Venezuela. En otras palabras, es un intercambio en el que ambas partes salen ganando al forjar una asociación cibernética antiestadounidense en América Latina.
La historia de la incursión de Venezuela en las tecnologías cibernéticas autoritarias comenzó con el fundador de la Revolución Bolivariana, el autodenominado líder socialista Hugo Chávez. En 2008, Chávez envió a representantes gubernamentales del Ministerio de Justicia de Venezuela a China para conocer el sistema de cédulas de identidad nacional de ese país. Un miembro de la delegación venezolana dijo: “Lo que vimos en China lo cambió todo”. Con el pretexto de querer ampliar el acceso de su país a los servicios públicos, Chávez se enamoró de la tecnología digital de China y de su capacidad para hacer un seguimiento de las actividades económicas y sociales de los ciudadanos. Chávez admiraba profundamente la tecnología de seguimiento y los mecanismos de vigilancia de Pekín.
A pesar de su muerte en 2013, la visión distópica de Chávez se hizo realidad a finales de 2016, cuando las tarjetas de identificación al estilo chino se desplegaron bajo su sucesor, Nicolás Maduro. Una investigación de Reuters de 2018 reveló que la empresa china de telecomunicaciones ZTE Corp ayudó directamente al gobierno venezolano a construir las bases de datos y el programa de tarjetas de identidad para el nuevo sistema de “carnet de la patria” del país. El gobierno dictatorial de Maduro pagó a ZTE como parte de una iniciativa de 70 millones de dólares para mejorar la “seguridad nacional.” Los empleados de ZTE se incrustaron en la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela y trabajaron junto a trabajadores venezolanos.
Según Reuters, la base de datos del carnet de la patria almacena información de identificación personal necesaria para los servicios bancarios y de salud venezolanos, pero también almacena detalles del comportamiento político de sus usuarios, como actividades en las redes sociales, afiliación a partidos políticos e historial de votaciones. Algunos críticos del chavismo alegan que esta tarjeta es el comienzo de un sistema de crédito social al estilo chino en Venezuela. Más del 70 por ciento de los venezolanos llevan ahora el carnet de la patria, y algunos informes sugieren que aquellos ciudadanos con la tarjeta de identificación digital reciben un trato preferencial del gobierno central, como el acceso especial a los productos alimenticios y las bonificaciones de los subsidios. El legado cibernético de Chávez sigue vivo en forma de carnet de la patria.
Además, el gobierno ruso también ha ayudado al régimen de Maduro con conocimientos de ciberseguridad. En marzo de 2019, Moscú envió a Caracas un centenar de especialistas militares, incluyendo personal de ciberseguridad, en un probable intento de reforzar la estabilidad interna del gobierno de Maduro y evitar el “cambio de régimen” de los actores políticos alineados con Estados Unidos. Un mes después, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Oleg Syromoloto, se comprometió a ayudar a Caracas a investigar los ciberataques a la red eléctrica de Venezuela, que provocaron apagones en todo el país. Maduro calificó estos ciberataques como la “primera guerra de dimensiones no convencionales con ataques a los servicios públicos”, responsabilizando a Washington.
La exportación de tecnología de vigilancia rusa y china a Venezuela debería preocupar a los responsables políticos estadounidenses. Aunque gran parte de esta tecnología está aparentemente diseñada para consolidar el poder político de Maduro dentro de las fronteras venezolanas, podría sentar las bases para que Rusia y China lancen futuros ciberataques desde las redes venezolanas. Rusia ya ha disfrazado algunas de sus campañas de desinformación en línea como de origen venezolano. Por ejemplo, durante la crisis separatista catalana de 2017, solo el 3 por ciento del contenido de las redes sociales relacionado con Cataluña procedía de usuarios reales ajenos a las redes cibernéticas rusas y venezolanas. En noviembre de 2017, el periódico español El País concluyó que la “red rusa utilizó cuentas venezolanas para profundizar en la crisis catalana”.
Al centrarse en la guerra de Putin en Ucrania, la administración Biden ha restado importancia a los asuntos latinoamericanos, lo que quedó patente durante la reciente Cumbre de las Américas. En una señal de solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron excluidos de la reunión, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declinó la oferta de acudir a la cumbre. Dado que Washington mantiene estrechos vínculos con regímenes antiliberales en Brasil y El Salvador, la insistencia de la administración Biden en la promoción de la democracia suena cada vez más vacía en América Latina y el Caribe. Con Trump y ahora con Biden, la actitud de Washington hacia las relaciones hemisféricas ha resultado hegemónica y chovinista. Washington debe ser más flexible y menos rígido ideológicamente en su política latinoamericana. Por ejemplo, Estados Unidos podría prometer la liberación de las sanciones y la compra de petróleo a Venezuela si Caracas corta sus lazos económicos con China y Rusia. Si Estados Unidos espera evitar la creciente influencia cibernética china y rusa en el hemisferio occidental, Washington debe establecer vínculos económicos y cibernéticos a largo plazo con sus socios en América Latina y el Caribe.