El primer ministro de Israel arremetió contra Ronen Bar, jefe del Shin Bet, por su rol en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Netanyahu culpa a Bar por errores previos al ataque de Hamás
El 21 de abril de 2025, la Oficina del primer ministro israelí publicó un comunicado en el que Benjamin Netanyahu acusó a Ronen Bar, jefe del Shin Bet, de mentir públicamente y de ser el responsable directo del fallo de inteligencia que permitió el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Según el documento, Bar habría afirmado haber alertado a todo el sistema de seguridad esa noche, pero omitió informar al primer ministro y al ministro de Defensa, lo que, de haberse hecho, “habría evitado la masacre”.
El comunicado asegura que Bar sostuvo haber activado al secretario militar de Netanyahu a las 05:15, pero en realidad su jefe de personal lo hizo a las 06:13, momentos antes del inicio del ataque. Además, subraya que Bar ya disponía de información sobre un posible ataque tres horas antes, lo que, según el gobierno, agrava su nivel de responsabilidad.
En el documento también se menciona que el jefe del Shin Bet dijo el 5 de octubre que “la renovación de entendimientos con Hamás” podría estabilizar la Franja de Gaza. Esta declaración es usada por Netanyahu para acusarlo de subestimar a Hamás y lo tilda de ser “el padre de todos los fracasos”.
Detalles clave sobre las acusaciones del gobierno a Ronen Bar
- El gobierno sostiene que Bar mintió sobre la hora en que alertó al entorno de Netanyahu.
- Ronen Bar habría recibido información clave tres horas antes del ataque de Hamás.
- Una declaración del 5 de octubre se usa como prueba de su mal juicio estratégico.
- Netanyahu asegura que el despido de Bar fue planeado desde noviembre de 2024.
- La oficina del primer ministro niega que haya intentado retrasar su juicio por corrupción.
El despido de Bar agrava la guerra político interno
El documento remarca que la decisión de destituir a Ronen Bar fue anunciada en noviembre de 2024, contradiciendo la versión de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, quien atribuyó el despido, formalizado en febrero de 2025, a una investigación por posibles irregularidades en Qatar. La oficina de Netanyahu sostiene que “la investigación fue iniciada para impedir el despido”, y no lo contrario.
Las diferencias entre el Ejecutivo y la fiscal general han incrementado la tensión política. La fiscal es acusada por fuentes cercanas al gobierno de interferir políticamente y bloquear decisiones administrativas, incluyendo la destitución de Bar. La oposición, por su parte, señala que el gobierno utiliza el caso Bar para desviar la atención de sus propios problemas legales.
Otro aspecto abordado en el comunicado es la supuesta mentira de Bar respecto al juicio de Netanyahu por corrupción. El texto afirma que “el primer ministro nunca solicitó posponer su juicio” y que, por el contrario, deseó que continuara sin dilaciones. Esta afirmación busca desacreditar versiones que indican un intento por interferir en el sistema judicial.
El documento también responsabiliza a Bar por fallos en el control de la seguridad interna, sobre todo en lo relacionado con protestas contra el gobierno. Se menciona que “Bar no gestionó adecuadamente la incitación violenta contra líderes políticos”, citando como ejemplo el lanzamiento de bengalas contra la residencia de Netanyahu en Cesarea. El comunicado indica que el gobierno ha exigido la aplicación equitativa de la ley, pero niega haber solicitado medidas ilegales.
El caso Bar alimenta la crisis institucional en Israel
La destitución de Ronen Bar se produce en un contexto marcado por una fuerte división política. Dirigentes como Yair Lapid han acusado al Ejecutivo de utilizar este caso como estrategia de distracción. Según Ynet, la oposición ve en el despido un intento por afianzar el control sobre los organismos de seguridad y debilitar la fiscalización institucional.
Desde el gobierno, se sostiene que la izquierda explota el caso para dañar a la coalición oficialista. Fuentes citadas por Israel Hayom afirman que Baharav-Miara representa un obstáculo para decisiones ejecutivas clave. Esta postura, argumentan, erosiona la capacidad del gobierno para implementar cambios en el aparato de seguridad.
El ataque del 7 de octubre, que causó más de 1,200 muertos y 250 rehenes, expuso fallos graves en los servicios de inteligencia, incluido el Shin Bet. Informes de BBC y Al Jazeera indican que las señales de advertencia no fueron atendidas a tiempo, y que Bar, como jefe de la agencia, cargó con la mayor parte de las críticas.
El comunicado concluye reafirmando que Bar debe ser destituido por sus múltiples fracasos, desde la inteligencia previa al ataque hasta su gestión de la seguridad interna. Aunque el Shin Bet informó sobre medidas adoptadas contra la incitación, el texto gubernamental sostiene que fueron insuficientes.
Gobierno y oposición intensifican lucha por control institucional
La disputa por la remoción de Bar continúa afectando la confianza pública en las instituciones. De acuerdo con The Jerusalem Post y Ynet, mientras el gobierno busca cerrar este episodio, la oposición y la fiscal general mantienen una postura de resistencia. La confrontación complica la estabilidad política en momentos de tensión interna y amenazas externas.
En este escenario, el gobierno insiste en que sus acciones buscan proteger la seguridad nacional y que las decisiones adoptadas en torno al Shin Bet obedecen a criterios de responsabilidad operativa. La oposición, por el contrario, ve en estas acciones un intento por politizar las agencias de inteligencia y evitar rendición de cuentas.
La continuidad de la controversia podría tener repercusiones más amplias en el equilibrio de poderes en Israel. La figura de Ronen Bar, aunque ya relevada de su cargo, se mantiene en el centro del debate político, judicial y mediático. Las acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición agravan una situación institucional ya fragmentada.
En tanto, el caso sigue sumando episodios que reafirman la falta de consenso en torno al rumbo de la seguridad nacional, el papel del Shin Bet y la autonomía de las instituciones frente al poder ejecutivo.