El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el lunes un grupo de trabajo destinado a investigar a Hamás por la masacre del 7 de octubre de 2023 y posibles violaciones de derechos civiles y actos de antisemitismo vinculados a sus seguidores.
Bajo el nombre de “Fuerza de Tarea Conjunta 7 de Octubre” (JTF 10-7), fiscales y agentes federales analizarán el caso y buscarán procesar a los responsables del ataque en el sur de Israel, según detalló el Departamento de Justicia.
“La brutalidad terrorista de Hamás no quedará impune, enfrentarán consecuencias”, afirmó la procuradora general Pam Bondi al anunciar la creación del grupo de trabajo.
En septiembre pasado, la administración Biden ya había formulado cargos contra Yahya Sinwar, líder de Hamás, y otros altos mandos implicados en la masacre. Sin embargo, la repercusión de esos cargos es mayormente simbólica, ya que Sinwar fue abatido por las fuerzas israelíes semanas después y otros acusados también han sido eliminados. Aun así, el nuevo grupo de trabajo asumirá los casos pendientes, aseguró el Departamento de Justicia.
El anuncio coincidió con una advertencia del presidente Donald Trump dirigida a Hamás, exigiendo la liberación de los rehenes que aún permanecen en Gaza.
Además, su administración ha recriminado a las universidades por lo que considera una respuesta ineficaz ante el antisemitismo en sus campus y la participación de extranjeros en manifestaciones antiisraelíes. Este mes, el Departamento de Justicia inició una investigación para determinar si la Universidad de Columbia brindó refugio a “extranjeros ilegales” en su campus. Posteriormente, agentes federales detuvieron a Mahmoud Khalil, un estudiante graduado vinculado a protestas antiisraelíes en Nueva York.
El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó el permiso de permanencia de Khalil en el país, argumentando que su participación en las manifestaciones avivó el sentimiento “antijudío” y representó un respaldo a Hamás. La Casa Blanca confirmó que su detención y proceso de deportación obedecen a la distribución de propaganda pro-Hamás por parte de su grupo. Sus abogados han impugnado la detención en los tribunales.
El comunicado del lunes señala que el grupo de trabajo, conformado por fiscales y agentes del FBI, también analizará posibles actos de terrorismo y violaciones a los derechos civiles relacionadas con el financiamiento o apoyo a Hamás. No se precisó qué tipo de respaldo podría ser considerado ilegal, aunque la ley federal prohíbe proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, como Hamás, e impide a ciudadanos extranjeros respaldar a dichos grupos.
Asimismo, el Departamento de Justicia informó que agentes del FBI se sumarán a la Oficina Nacional de Financiación Antiterrorista de Israel.