ADDIS ABEBA (Reuters) – Etiopía expulsó a siete altos funcionarios de la ONU, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores, dos días después de que el jefe de la ayuda del organismo mundial advirtiera de que el bloqueo de la ayuda por parte del gobierno probablemente había forzado a cientos de miles de personas de la región norteña de Tigray a pasar hambre.
Las condiciones en Tigray han sido objeto de crecientes críticas internacionales y todas las partes que luchan en el norte de Etiopía se enfrentan a la posibilidad de recibir sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el jueves que Estados Unidos condena las expulsiones y no dudará en utilizar sanciones contra quienes obstruyan los esfuerzos humanitarios.
Muchos países temen que la propagación del conflicto en Etiopía –la segunda nación más poblada de África y un peso diplomático regional- pueda desestabilizar aún más una región ya frágil.
Entre las siete personas expulsadas se encuentran los jefes de país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Los siete tienen 72 horas para marcharse, según informó el Ministerio en un comunicado, en el que se les acusa de “inmiscuirse” en asuntos internos.
Un comunicado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba “conmocionado” por las expulsiones y añadió: “Ahora estamos dialogando con el Gobierno de Etiopía con la esperanza de que se permita al personal de la ONU afectado continuar con su importante trabajo”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
En noviembre estalló el conflicto entre las fuerzas federales y las alineadas con el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), el partido político que controla la región.
Las fuerzas de Tigray retomaron la mayor parte de la región a finales de junio, y luego avanzaron hacia las regiones vecinas de Afar y Amhara, obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares.
El martes, el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, dijo que un “bloqueo de facto” de casi tres meses en las fronteras de Tigray ha restringido las entregas de ayuda a un 10% de lo necesario.
“Esto está hecho por el hombre, esto puede ser remediado por la acción del gobierno”, dijo Griffiths, señalando que casi una cuarta parte de los niños de Tigray están desnutridos.
Cinco de las siete personas expulsadas trabajan para la OCHA, mientras que una sexta trabaja para UNICEF y la séptima para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que está llevando a cabo una investigación conjunta con la comisión de derechos humanos nombrada por el Estado etíope sobre los informes de asesinatos masivos de civiles, violaciones en grupo y otros abusos en Tigray.
Las autoridades etíopes acusaron anteriormente a los cooperantes de favorecer e incluso armar a las fuerzas de Tigray, aunque no han aportado pruebas que respalden sus acusaciones.
En agosto, Etiopía suspendió las operaciones de la rama holandesa de la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras (MSF) y del Consejo Noruego para los Refugiados, acusándolos de armar a “grupos rebeldes”.
Hasta ahora, 23 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Tigray.