El lunes, el Comité de Investigación de Rusia informó de que había abierto una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces que el viernes emitieron una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra.
El Comité, encargado de investigar delitos graves, afirmó que no había motivos para exigir responsabilidades penales a Putin, y que los jefes de Estado gozaban de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.
Las acciones del fiscal de la CPI mostraban indicios de ser delitos según la legislación rusa, dijo el comité: acusar a sabiendas de un delito a una persona inocente y “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con el fin de complicar las relaciones internacionales”.
Un gesto simbólico
La acción rusa es un gesto simbólico de desafío en respuesta a la orden de detención dictada contra Putin el viernes, en la que se le acusaba a él y al comisario de sus hijos del crimen de guerra de deportar niños de Ucrania a Rusia.
El Kremlin ha calificado la medida de indignante pero legalmente nula, ya que Rusia no es signataria del tratado que creó la CPI.