En el tema del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres decidió el viernes a favor del directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) que fue elegido por el líder opositor Juan Guaidó.
Tras una audiencia de cuatro días que finalizó el 18 de julio, Cockerill dijo que no podía apoyar las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela que habían revocado los nombramientos de Guaidó para esa junta porque no había «base legal» para hacerlo en el Reino Unido.
A pesar de que la junta es considerada legítima y Guaidó es reconocido por el gobierno británico como el único presidente legítimo de la nación latinoamericana, de manera interina, la jueza aún no ha concedido al equipo opositor el acceso a las reservas, lo que se decidirá en una audiencia posterior.
La junta directiva del BCV, que nombró Nicolás Maduro, ha dicho que puede impugnar la decisión, que se produjo después de que el Tribunal Supremo británico se pronunciara en 2021 sobre una serie de cuestiones preliminares.
Así, basándose en la doctrina jurídica inglesa de «One Voice», que obliga a los órganos del Estado a proceder al unísono en política exterior, la máxima instancia judicial del Reino Unido determinó que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, como jefe de Venezuela, y que, en consecuencia, los actos y decisiones de la oposición deben ser considerados soberanos.
Desde 2019, las disputas por la custodia de 32 toneladas de oro, guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra y valoradas en más de 1.000 millones de dólares, han estallado entre el Gobierno de Caracas y la oposición liderada por Guaidó.
Guaidó formó una junta directiva paralela para el BCV a través de la Asamblea Nacional, que presidía, y fue reconocido como «presidente encargado» por medio centenar de naciones, entre ellas el Reino Unido.
Este último ordenó al Banco de Inglaterra que retuviera los lingotes de la junta que apoyaba a la administración dirigida por Calixto Ortega.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se apresuró a declarar la inconstitucionalidad de estos nombramientos, que habían sido designados de acuerdo con la llamada «legislación de transición» (TSJ).
La justicia británica reconoció a Guaidó como único representante del país en diciembre, tras una lucha legal de dos años, pero también ordenó analizar si consideraba auténtica la sentencia del tribunal venezolano que anulaba los nombramientos.
Resuelta esa etapa, solo queda por determinar si permitirá a la Junta que Guaidó estableció acceder a los fondos.