Los vastos yacimientos de oro de Venezuela, que podrían aliviar en gran medida el dolor de millones de personas que se acercan a la inanición, están siendo saqueados directamente por un consorcio liderado por el hombre fuerte Nicolás Maduro y su círculo íntimo, que contrabandean cientos de millones de dólares en el metal precioso mientras envían solo una pequeña fracción a las arcas del Estado, según personas familiarizadas con la situación.
El consorcio, que opera al menos seis plantas de extracción de oro, es capaz de producir más de 16 toneladas de oro al año, pero también está obligando a los pequeños operadores independientes a vender su producción bajo la amenaza de la violencia, de ser arrestados o de perder su acceso al combustible en la remota zona minera. La compra de este oro, extraído ilegalmente por los pequeños mineros, genera otras 12 toneladas por año, según fuentes de la región minera.
Las múltiples descripciones recogidas para este artículo confirman que el consorcio podría estar ganando más de 1.500 millones de dólares al año, la cantidad final depende del contenido de oro de las arenas procesadas y del precio del metal en el mercado, en una operación en la que la gente del círculo interno de Maduro emerge como los principales beneficiarios.
“El que está frente a esta empresa criminal es Maduro”, dijo el general venezolano exiliado Manuel Cristóbal Figuera, quien dirigió el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana del régimen hasta que se separó de Maduro.
“Es inédito el pillaje ejercido por la empresa criminal que Maduro administra al frente del Estado. Esto es algo nunca visto antes”, dijo Cristopher Figuera al Nuevo Herald en una entrevista reciente en Miami.
El Nuevo Herald habló con oficiales militares, miembros del régimen y trabajadores locales familiarizados con las operaciones de minería de oro a gran escala, que, junto con las operaciones de narcotráfico, otros tipos de contrabando de minerales y la corrupción gubernamental en general, están ayudando a sostener al régimen en medio de las devastadoras sanciones económicas impuestas por Washington.
En el centro del negocio de la minería aurífera se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes. Sus plantas de extracción en el sudoriental estado de Bolívar procesan casi 80 por ciento de la producción del país, según datos del Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero Sostenible del régimen.
Pero hasta ahora no se sabe que las empresas que conforman el consorcio conservan para su propio beneficio más de dos tercios de la producción total, que luego es sacada de contrabando del país en lugar de ser vendida al Banco Central de la nación como lo estipula la ley, dijeron las fuentes.
Los beneficiarios son un pequeño número de miembros clave del círculo interno de Maduro, que controlan toda la operación, agregaron las fuentes.
Entre los afortunados miembros del círculo interno se encuentran el ex vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el jefe de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el socio colombiano de Maduro, Alex Saab, todos ellos sancionados por el gobierno de Estados Unidos por supuestos delitos que van desde el narcotráfico y el lavado de dinero hasta la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Los principales miembros del régimen de Venezuela han robado miles de millones de dólares de las arcas del Estado durante las dos décadas de gobierno socialista, a través de múltiples esquemas de corrupción orquestados para desviar grandes porciones de los ingresos petroleros y enormes préstamos internacionales destinados a programas sociales y al desarrollo del país, dijo un oficial militar que habló bajo la condición de anonimato.
Pero la producción de oro abrió una nueva gama de oportunidades de corrupción.
“Cuando llegaron por primera vez, se dieron cuenta de que la industria petrolera estaba totalmente mecanizada, controlada por normas e instrumentos de rendición de cuentas que tendrían que eludir. Eso creó obstáculos para robar la riqueza y les llevó tiempo tener a su gente en su lugar, y fue después de un largo proceso que pudieron empezar a saquear”, dijo el oficial que habló bajo la condición de anonimato.
“Pero con el oro la situación es diferente, porque con el oro no hay supervisión. Si el complejo procesa mil kilogramos de oro, nadie está allí para auditarlo. Y reparten el botín entre ellos”, añadió.
El régimen de Maduro no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por el Nuevo Herald.
EL CONGLOMERADO
El Complejo Industrial Domingo Sifontes, que sirve como columna vertebral de toda la operación, está controlado por Eduardo José Rivas, un socio de confianza de la familia presidencial.
Durante la jornada de inauguración del complejo, ubicado en el sector Nacupay de El Callao, en el estado Bolívar, el entonces Ministro de Desarrollo Ecológico Minero Sustentable, Víctor Cano, celebró las inversiones realizadas por seis empresas privadas que invirtieron en la construcción de las nuevas plantas extractoras, las cuales, dijo, optimizarían los esfuerzos de producción de oro en la región.
Estas plantas “son más eficientes porque recuperan hasta 90 por ciento del material aurífero y también permiten la remoción de millones de toneladas de oro que contienen arenas acumuladas en el estado Bolívar durante décadas de minería descontrolada, sustituyendo así el uso de mercurio, que tiene un gran impacto ambiental”, dijo el ministro durante el evento del 10 de mayo de 2018.
Lo que no reveló durante el evento es que las seis compañías -Inversiones RPL, Invertrade, Corporación Petroglobal, Mipre, Inversiones Glenduard e Inversiones Oriente- son controladas y benefician directamente a los miembros clave del régimen.
Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por sospecha de narcotráfico, es uno de los principales socios de Inversiones Glenduard. Benavides Torres, que también está bajo sanciones estadounidenses, tiene una participación en Invertrade, mientras que dos hijos de la primera dama Cilia Flores, Walter y Yosser Flores, poseen una porción de Mipre.
En los documentos, Rivas aparece como presidente o socio en cuatro de las empresas: Glenduard, Invertrade, Mipre y Petroglobal, mientras que Saab aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas.
Saab, un empresario colombiano identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los socios más cercanos de Maduro, fue sancionado este año por Washington por llevar a cabo un plan de corrupción que desvió millones de dólares del programa de distribución de alimentos subsidiados conocido en Venezuela como CLAP.
Entre las personas sancionadas junto a Saab estaban los tres hijos de Cilia Flores -Walter, Yosser y Yoswal- a quienes Saab les pagó una gran cantidad de dinero para que tuvieran acceso a jugosos contratos gubernamentales para el programa de alimentos subsidiados, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“A través de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y familiares, Saab blanqueó cientos de millones de dólares en ingresos por corrupción en todo el mundo”, dijo el departamento cuando anunció las sanciones. “Los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluyendo su programa de subsidio de alimentos.
ALQUIMIA MODERNA
Los socios en el esquema del oro han encontrado que jugar simultáneamente los papeles de regulador y regulado en las concesiones mineras es la fórmula perfecta que les permite crear fortunas de la nada.
Fuentes dijeron a El Nuevo Herald que el Complejo Sifonte adquirió tres millones de toneladas de arenas ricas en oro de la estatal Minerven, pagando solo $2.60 por tonelada.
Según los estudios geológicos realizados en la zona, esas arenas son capaces de contener entre 5 y 20 gramos de oro por tonelada, y el cálculo de un punto medio de contenido entre los dos números de 12,5 gramos por tonelada muestra que cada tonelada podría contener alrededor de 600 dólares de oro, sobre la base del precio actual de 48 dólares por gramo.
Eso significa que por una inversión inicial de $7.8 millones pagados a Minerven, los socios recibieron arenas que contenían $1.8 mil millones en oro.
A mediados de año, el complejo tenía capacidad para procesar alrededor de 864.000 toneladas anuales de las arenas que ya habían sido extraídas por Minerven y que se encontraban en grandes áreas de espera. Pero los socios están en modo de expansión y ya están construyendo más plantas con el objetivo de duplicar la capacidad de producción, dijeron las fuentes.
Minerven, que sobre el papel es el mayor proveedor de oro del Banco Central de Venezuela, es hoy una concha vacía. Su producción se ha reducido a cero o, en el mejor de los casos, a una fracción mínima de lo que era hace una década, cuando producía más de 12 toneladas de oro al año.
“Minerven no produce ni un solo gramo del metal precioso”, informó un dirigente sindical en julio de 2018 al pedir la reactivación de sus plantas para salvar 4.000 empleos.
El trabajo en la empresa estatal parece haberse reiniciado, pero los empleados dicen que ahora parecen estar trabajando para la gente del complejo, lo que deja muchas dudas sobre si el Banco Central está obteniendo oro de las minas de Bolívar.
“Todo el oro que se procesa en Bolívar y en las minas tiene que ir al Banco Central. Esa es la política del gobierno. Pero curiosamente nunca más hemos visto, ni en la prensa escrita ni en la televisión, que haya habido un cargamento que se dirigía hacia allí, ni hemos visto en las minas ningún movimiento de seguridad que pudiera mostrar que se estaba enviando un cargamento”, dijo un trabajador de Minerven, hablando a condición de que fuera anónimo.
“No sabemos cuál es la producción real de la industria. No conocemos la producción de las plantas que fueron autorizadas por el Estado para procesar material secundario. No conocemos la producción del pequeño minero que se supone que debe ser vigilado por el Ministerio de Desarrollo Ecológico Sustentable de la Minería. Simplemente no sabemos nada”, dijo el trabajador.
LOS ARTESANOS
El consorcio no solo se beneficia de las arenas extraídas por Minerven. También absorbe la mayor parte del metal producido por los pequeños mineros conocidos localmente como “artesanos”.
Migrando de las grandes ciudades en busca de trabajo, decenas de miles de venezolanos se han dirigido al estado Bolívar para unirse a pequeñas operaciones mineras. Las operaciones son técnicamente ilegales, pero el régimen las tolera siempre y cuando vendan la producción al consorcio.
Según las fuentes, las regulaciones introducidas por el régimen en 2015 que establecieron la zona minera del Arco Minero han creado una fiebre del oro similar a la de California a mediados del siglo XIX.
“Todo se convirtió en un gran negocio con la creación del Arco Minero en febrero de 2016. Eso no significa que no hubiera minería ilegal anteriormente. Pero no superó los 30.000 o 40.000 mineros ilegales de la zona. Hoy el número de personas que participan en esta actividad debería ser cercano a medio millón”, dijo Cliver Alcalá, un general de división venezolano sancionado que se separó del régimen de Maduro en 2016 y que ahora vive en el exilio en Colombia.
Los mineros de la zona suelen trabajar largas y arduas horas bajo el intenso calor de la región para acumular tal vez uno o dos gramos de oro al día, que normalmente venden en bolívares para comprar alimentos en la zona afectada por la pobreza.
El metal se vende principalmente a los operadores del consorcio, porque ellos controlan el dinero en efectivo en el área. Los grandes mineros también se ven obligados a vender su producción porque también tienen el control del suministro de combustible en la región, dijeron las fuentes.
Sin ese combustible, sus bombas y equipos mineros se detendrían, dijeron las fuentes.
Cuando esto fracasa, también existe la amenaza de la violencia.
Venezuela es hoy uno de los países más violentos del mundo, y el peor de toda América Latina, con una tasa de 81 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso se compara con una tasa de 30,5 en Brasil, 24,9 en Colombia y 24,8 en México. En Estados Unidos, la tasa no llega a seis homicidios por cada 100.000 habitantes.
Pero la violencia en la ciudad minera del Callao, donde se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes, es asombrosa. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, el pueblo sufrió 620 muertes por cada 100.000 habitantes el año pasado.
En su informe de 2018, el observatorio dijo que la violencia se debe a la presencia en la zona minera de grupos criminales, conocidos en Venezuela como ‘Pranes’, y elementos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según las fuentes de la región, los Pranes y los guerrilleros colaboran con el régimen y actúan como ejecutores, manteniendo el orden en las minas y asegurándose de que el consorcio sea respetado y obedecido. “La contribución del ELN en la operación es que son ellos los que tienen el control de las minas, apaciguando al matón, al ladrón, al drogadicto y pacificando la zona. Imponen el orden para que la gente trabaje bien”, dijo otra de las fuentes que hablaron con la condición de mantener el anonimato.
“Los Pranes hacen lo mismo. Mantienen el orden para que nadie cometa ningún tipo de delito o crimen y puedan trabajar en silencio. No permiten que nadie, absolutamente nadie, vaya allí para interferir con el trabajo de los mineros”, dijo.
La pena por las infracciones es a menudo la muerte, añadió.
En el pasado, los Pranes han sido acusados de estar detrás de una serie de ejecuciones en la zona en las que participaron docenas de mineros.