Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) se disponen a elegir el viernes un nuevo fiscal jefe para el tribunal de crímenes de guerra, un trabajo cuyo actual titular está sometido a sanciones de Estados Unidos.
Cuatro candidatos de Gran Bretaña, Irlanda, Italia y España compiten por sustituir a la fiscal saliente Fatou Bensouda, que ha dirigido polémicas investigaciones sobre el conflicto palestino-israelí y Afganistán.
El británico Karim Khan estaría en primera posición, por delante del español Carlos Castresana, el irlandés Fergal Gaynor y el italiano Francesco Lo Voi, según informan los medios británicos.
Los Estados miembros de la CPI no han llegado a un consenso a pesar de varios intentos en las últimas semanas, y ahora votarán al nuevo fiscal en las Naciones Unidas en Nueva York.
Bensouda, nacida en Gambia, dejará el cargo en junio tras nueve años en uno de los puestos más difíciles de la justicia internacional, con un historial de éxitos dispares en el tribunal con sede en La Haya.
Quien se convierta en el tercer fiscal del tribunal desde su creación en 2002 se hará cargo de un abultado expediente de casos difíciles en un tribunal cuya legitimidad es constantemente atacada.
Sanciones “inaceptables”
El abogado británico y especialista en derechos humanos Khan ha sido abogado defensor en varios casos de la CPI, entre ellos el del hijo del difunto líder libio Muammar Gaddafi, Seif al-Islam.
Khan dirigió recientemente una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo Estado Islámico y pidió que se celebraran juicios como los de los líderes nazis en Núremberg.
El español Castresana, juez de formación, dirigió anteriormente un grupo de la ONU para combatir la delincuencia y la corrupción en Guatemala, pero dimitió en 2010 alegando “ataques sistemáticos” por parte de funcionarios ávidos de poder.
El irlandés Gaynor ha representado anteriormente a víctimas de delitos en la CPI, en investigaciones como la de la guerra de Afganistán y un caso contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta.
Por su parte, el fiscal siciliano Lo Voi ha dirigido casos contra la mafia italiana y una importante red de tráfico de personas.
Las primeras tareas del nuevo fiscal incluirán decidir los siguientes pasos en la investigación de los crímenes de guerra en Afganistán y la enormemente polémica investigación del conflicto palestino-israelí de 2014 en Gaza.
En una importante decisión adoptada el pasado viernes, una sala de instrucción de la CPI determinó que La Haya es competente para abrir una investigación penal contra Israel y los palestinos por crímenes de guerra presuntamente cometidos en Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén, lo que allana el camino para una investigación completa tras una investigación preliminar de cinco años abierta por Bensouda.
Bensouda indicó en 2019 que una investigación penal, si se aprobaba, se centraría en el conflicto entre Israel y Hamás de 2014 (Operación Margen Protector), en la política de asentamientos israelíes y en la respuesta israelí a las protestas dirigidas por Hamás en la frontera de Gaza.
Israel y Estados Unidos -ninguno de los cuales es miembro de la CPI- se han opuesto firmemente a la investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por las fuerzas israelíes como por los grupos terroristas palestinos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo sobre el fallo: “Hoy la CPI ha demostrado una vez más que es un organismo político y no una institución judicial. La CPI ignora los verdaderos crímenes de guerra y en su lugar persigue al Estado de Israel, un Estado con un fuerte gobierno democrático que santifica el Estado de Derecho, y que no es miembro de la CPI”.
“Con esta decisión -añadió Netanyahu-, la CPI viola el derecho de las democracias a defenderse del terrorismo y hace el juego a quienes socavan los esfuerzos por ampliar el círculo de la paz. Seguiremos protegiendo a nuestros ciudadanos y soldados de cualquier forma de persecución legal”.
El año pasado, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a Bensouda y a otro alto funcionario de la CPI sanciones que incluían la prohibición de viajar y la congelación de activos por una investigación que incluye supuestos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán.
El gobierno de Biden ha señalado una línea de apaciguamiento, pero no ha dicho si retirará las sanciones contra Bensouda, quien ha atacado las medidas “inaceptables”.
Historial mixto
Bensouda ha tenido un historial mixto, incluso cuando ha ampliado, según algunos analistas, el alcance del tribunal.
Bajo su dirección, el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto de crímenes contra la humanidad, mientras que el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, fue absuelto en apelación.
El keniano Kenyatta también vio cómo Bensouda retiraba los cargos de crímenes contra la humanidad por el derramamiento de sangre en las elecciones.
Sin embargo, Bensouda ha conseguido recientemente condenas de alto nivel contra Dominic Ongwen, un niño soldado ugandés convertido en comandante del Ejército de Resistencia del Señor, y contra el señor de la guerra congoleño Bosco “Terminator” Ntaganda.
También se le ha atribuido el mérito de haber mejorado la oficina del fiscal en comparación con su predecesor, Luis Moreno-Ocampo, cuya dirección fue calificada de “autocrática” en una investigación ordenada por la CPI sobre el caso Kenyatta.
La CPI es el único tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo, después de años en los que la única vía de justicia para las atrocidades cometidas en países como Ruanda y la antigua Yugoslavia eran los tribunales separados.